La entidad que fiscaliza a las asociaciones civiles intimó a la Liga Cordobesa a presentar la documentación referida a las sanciones impuestas en relación a la suspensión de la afiliación y a la eliminación del equipo de fútbol femenino.

La resolución llega luego de que IPJ hiciera lugar la denuncia del Club, frente a las irregularidades cometidas por autoridades de la Liga que nos han llevado a situaciones de violencia, extorsión y arbitrariedad.

De este modo la entidad fiscalizadora entiende que corresponde hacer lugar al planteo de Talleres para verificar el procedimiento legal y el respeto a los propios estatutos de la Liga.

Esta resolución de Inspección de Personas Jurídicas, se suma a las importantes expresiones de la Justicia de Córdoba en respaldo al Club.

Hasta aquí, las autoridades de la Liga no han respondido a los planteos de inequidad y doble imposición; han promovido denuncias penales en contra de autoridades del Club, aún en contra de lo que indica su propio estatuto; han expresado innumerables agravios a través de los medios de comunicación; han ubicado en situación de presión al resto de los clubes que integran la Liga de la ciudad y han expuesto su intransigencia en las instancias de negociación propuestas por autoridades provinciales y municipales.

Con posterioridad a la denuncia del Club, en las últimas semanas, la LCF ha llamado en dos oportunidades a asamblea extraordinaria con la intención de intentar emprolijar las evidentes irregularidades que lleva adelante en este ilegítimo hostigamiento.

Hace ya siete meses que nuestras familias sufren esta discriminación y la Liga deberá afrontar también este grave daño que está provocando con un conflicto innecesario que daña a todo el fútbol cordobés.

Con esta resolución la autoridad de control de las asociaciones civiles acompaña la intención de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes afectados y cuidar la calidad institucional.